La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, y el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, presentaron los avances de las verificaciones laborales realizadas en el marco del programa Hambre Cero, que tiene como uno de sus ejes principales la generación de empleo en las modalidades de “catering” y “cocinando en las escuelas”.

Durante la conferencia de prensa conjunta, la ministra Recalde informó que los operativos de control iniciaron el 14 de marzo en los departamentos de Central, Presidente Hayes y Asunción, que son los tres lugares bajo la dirección directa del Ministerio de Desarrollo Social.

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Informó que las visitas de los inspectores se llevaron a cabo en 221 escuelas y que lograron entrevistar a cerca de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Señaló que, como resultado de estas inspecciones, la cantidad de personas formalizadas creció un 144 %, pasando de 5.019 empleados formalizados inicialmente a 12.231 personas afiliadas al Instituto de Previsión Social (IPS) en solo un mes, aunque a nivel país subió a |19.000.

“El objetivo principal de estos controles es garantizar el cumplimiento de los derechos laborales: al IPS, contrato formal y pago conforme al salario mínimo. Esto es muy importante, ya que el 98 % de las personas contratadas son mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica”, remarcó.

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Recalde también anunció los primeros resultados del operativo en el departamento de San Pedro, donde se detectó un aumento significativo en la cantidad de personal formalizado. Mencionó que, en una de las empresas adjudicadas, la cantidad de trabajadores pasó de 39 a 315, y en otra, de 1.200 a 1.709, tras las intervenciones del Ministerio de Trabajo.

“El programa Hambre Cero debe garantizar no solo la nutrición de los niños, sino también el desarrollo económico de las familias paraguayas. Desde el Ministerio de Trabajo seguiremos con estas verificaciones en todo el país para asegurar que se respeten los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”, concluyó la ministra.

Ambas autoridades coincidieron en que los controles y la institucionalización del cumplimiento laboral son claves para que el programa cumpla sus objetivos con transparencia y justicia social.

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